Este artículo se publicó originalmente en WRI Insights aquí.
Durante décadas, los pueblos indígenas del territorio Yaigojé Apaporis ubicado en la cuenca inferior del río Apaporis en Colombia han unido esfuerzos para lograr que sus tierras tradicionales sean reconocidas formalmente por el gobierno y, así, protegidas frente a amenazas externas. Inicialmente considerado como una reserva forestal, Yaigojé Apaporis fue declarado un resguardo indígena en 1988.
Sin embargo, en 2007, Cosigo Resources, una empresa minera canadiense, solicitó al gobierno una concesión minera para la extracción de oro dentro del Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis. Los indígenas del Yaigojé Apaporis se alarmaron, pero a diferencia de otros indígenas en el mundo, ellos contaban con algunas opciones legales. Las leyes en Colombia reconocen el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, aunque no al consentimiento. Además, regulan el derecho de prelación a favor de los pueblos indígenas, lo que implica que el gobierno debe ofrecerles primero la opción de explorar y explotar minerales en sus tierras, antes de que este pueda otorgar un contrato de concesión minera a un tercero. Y mientras que leyes nacionales permiten la explotación de minerales en tierras indígenas, ello no está permitido en los parques nacionales.
Los Yaigojé Apaporis respondieron a esta amenaza solicitando al gobierno que declarara su resguardo como parque nacional y, en 2009, se creó el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. La autoridad nacional y los líderes del Yaigojé Apaporis acordaron una gestión conjunta para el uso y vigilancia de las tierras del parque y sus recursos.
Lamentablemente, dos días después de la creación del parque, la autoridad minera gubernamental otorgó una concesión a Cosigo. Si bien esta fue cancelada rápidamente, Cosigo demandó al gobierno. Los tribunales de Colombia fallaron a favor de los pueblos indígenas del Yaigojé Apaporis; sin embargo, actualmente el caso se encuentra pendiente de resolución arbitral en el fuero internacional.
La Lucha por los Derechos Territoriales Prevalece en Toda la Amazonía
Una nueva investigación de WRI, que documenta las experiencias de diversos pueblos indígenas en seis países amazónicos, evidencia que sus historias son muy similares a la del Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis.
Nuestra investigación encontró que las concesiones mineras a gran escala cubren más del 18 % de la Amazonía (aproximadamente 1.28 millones de kilómetros cuadrados, excluyendo Guayana Francesa). Estas concesiones mineras, junto con áreas donde existe minería ilegal, se superponen con más del 20% de tierras indígenas, amenazando el sustento y bienestar de muchos pueblos indígenas.
Y este es un problema que está por agravarse. Aproximadamente 143,000 kilómetros cuadrados de tierras indígenas se superponen con concesiones mineras activas (concesiones con operaciones de exploración o explotación en marcha) y conocidas zonas de minería ilegal - muchas de ellas en Venezuela, Brasil y Colombia. Los restantes 302,000 kilómetros cuadrados de tierras indígenas se superponen con concesiones que han sido demarcadas, pero no asignadas aún, o cuyas actividades mineras no han comenzado todavía. Con el aumento de los precios del oro y otros minerales como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la exploración y explotación de minerales podrían propagarse rápidamente.
El Problema de la Minería en Tierras Indígenas
Muchos pueblos indígenas adoptan medidas extraordinarias para proteger sus tierras de la minería desarrollada por forasteros. Algunas medidas son exitosas, pero muchas otras no. Con demasiada frecuencia, los pueblos indígenas pagan altos precios por sus esfuerzos. Global Witness reportó un lamentable récord de 212 defensores ambientales asesinados en 2019, muchos de ellos indígenas. Más de dos tercios de estos asesinatos ocurrieron en América Latina, siendo la minería el sector más letal.
Nuestra investigación halló que, en la Amazonía, las tierras indígenas en las que existe actividad minera tienen una mayor incidencia de pérdida de bosques que aquellas tierras sin minería. En Bolivia, Ecuador y Perú, por ejemplo, entre 2000 y 2015, la pérdida de bosques fue por lo menos tres veces mayor en tierras indígenas con minería que en aquellas sin minería. En Colombia y Venezuela, esta pérdida fue de una o dos veces mayor.
Este es un problema tanto para los bosques, como para los pueblos indígenas. La tierra, junto con sus recursos naturales y servicios ecosistémicos, son fuente de sustento y bienestar para la mayoría de los pueblos indígenas. La tierra proporciona alimentos, agua, leña, plantas medicinales y otros recursos cruciales, al mismo tiempo que brinda a las comunidades refugio, seguridad, status, identidad social y una red de protección. Para muchos pueblos indígenas, la tierra también es histórica, cultural y espiritualmente significativa.
Photo by Tomas Munita/CIFOR
Las Leyes no Protegen Adecuadamente las Tierras Indígenas
Las leyes en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú - seis países que integran más del 90% de la cuenca amazónica - otorgan a los pueblos indígenas determinados derechos sobre sus tierras, como el derecho a utilizar ciertos recursos naturales para fines domésticos o de subsistencia, así como para excluir a forasteros ilegales. Sin embargo, los gobiernos reconocen un reducido número de derechos sobre los minerales ubicados en o debajo de sus tierras. Si bien los pueblos indígenas poseen el derecho a ser consultados antes de que el gobierno otorgue concesiones mineras, solo Guyana regula el derecho al consentimiento, aunque de manera limitada. Y solo en Colombia los pueblos indígenas tienen el derecho de prelación que opera previamente al otorgamiento de una concesión minera a terceros en tierras indígenas con fines comerciales. Sin embargo, muchos pueblos indígenas de la Amazonía se oponen a la minería en sus tierras con fines comerciales.
Las empresas mineras con derechos mineros legalmente obtenidos se encuentran facultadas para ingresar y utilizar tierras indígenas para el desarrollo de sus operaciones. En Colombia y Guyana, el gobierno también puede establecer servidumbres en tierras indígenas para que los mineros puedan continuar con sus actividades. Solo en Brasil, la minería en tierras indígenas es ilegal, aunque existen diversas propuestas en el Congreso, con el apoyo de la actual administración, para permitir el desarrollo de la minería y otras actividades comerciales en dichas tierras.
Como evidencia nuestra investigación, en la práctica, los gobiernos muchas veces no cuentan con la capacidad necesaria para hacer cumplir efectivamente las leyes. Como consecuencia, los mineros a menudo operan ilegalmente y sin sanción.
Abordando las Diferencias de Poder entre los Pueblos Indígenas y los Mineros
Con base en los hallazgos de la investigación, se han diseñado cinco recomendaciones para proteger las tierras indígenas y empoderar a los pueblos indígenas para que se hagan cargo de su propio desarrollo. El informe recomienda que:
- Los gobiernos amazónicos emitan legislación idónea que reconozca un amplio conjunto de derechos a favor de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el derecho de prelación. Por ejemplo, si bien los pueblos indígenas de la Amazonía tienen derecho a acceder y ocupar sus territorios, muy pocos tienen derecho a administrar sus tierras y recursos naturales, retirar recursos naturales con fines comerciales sin un permiso especial, transferir sus derechos territoriales a otra entidad o negarse a que las empresas con derechos mineros accedan a sus tierras.
- Los gobiernos establezcan sólidas salvaguardas sociales y ambientales para la minería que sean consistentes con los estándares internacionales y cumplan con un procedimiento más riguroso para la asignación de concesiones mineras. Por ejemplo, los gobiernos solo deben considerar a las empresas que utilizan tecnologías modernas para minimizar impactos ambientales y que poseen un impecable historial de cumplimiento de salvaguardas, especialmente en aquellos casos en que se requiera lograr un compromiso significativo con los pueblos indígenas antes del inicio de la actividad minera.
- Las empresas mineras reconozcan y respeten los derechos de los pueblos indígenas. Esto incluye el respeto por las tierras tituladas y reconocidas formalmente, así como por las tierras indígenas poseídas únicamente bajo acuerdos de tenencia consuetudinaria. Las empresas también deben negociar acuerdos justos con los pueblos indígenas, proporcionando paquetes de distribución de beneficios que contemplen los intereses de la comunidad y fortalezcan su capacidad local con miras a un desarrollo basado en la autodeterminación.
- Los pueblos indígenas desarrollen las habilidades adecuadas para afrontar eficazmente los desafíos de la minería. Algunos pueblos indígenas han utilizado con éxito nuevas tecnologías para recopilar datos e información sobre actividades ilegales que cumplen los estándares de prueba válida y pueden, por tanto, ser utilizados legalmente en los tribunales. Otros han optado por protegerse del daño aprendiendo nuevos enfoques para manejar situaciones de conflicto o técnicas de autodefensa.
- Los gobiernos amazónicos fortalezcan la supervisión de la minería en tierras indígenas para garantizar el estricto cumplimiento de las leyes nacionales y las disposiciones de los acuerdos de licencia y concesión. Los esfuerzos del gobierno no deben limitarse a capturar y procesar a los mineros ilegales que operan en tierras indígenas, sino también a aquellas personas que contratan, financian, o que de alguna u otra manera facilitan la minería ilegal. Aquellos que venden y se benefician del comercio ilícito de oro, diamantes y otros minerales también deben ser identificados, procesados y sancionados.