Este artículo apareció originalmente en WRI Insights aquí.
La riqueza de los bosques en Guatemala parece no tener fin. Después de todo, el nombre del país significa “el lugar de muchos árboles” en náhuatl. El 33% del territorio está cubierto por bosques, y Guatemala alberga la mundialmente famosa Reserva de la Biosfera Maya, en la que las comunidades indígenas protegen y gestionan de manera sostenible unas 450 mil hectáreas de ecosistemas forestales.
Fuera de esas áreas protegidas administradas por las comunidades indígenas, el bosque sufre. Millones de personas en busca de ganarse la vida dignamente han agotado las tierras del país y talado más de 18 mil hectáreas anuales de bosque, debido a la riqueza de su suelo y recursos naturales y a la expansión de la agricultura. Sin embargo, los agricultores perciben cada vez menores rendimientos de los cultivos básicos, como el maíz, que cosechan para comer y vender en el mercado: el 47% de la población sufre actualmente de desnutrición crónica en su lucha por acceder a alimentos suficientes.
Mártir Gabriel Vásquez Us ha dedicado su vida a proteger y restaurar los árboles del país. Como subgerente del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB), él y sus colegas se han encargado de formular políticas que ayudan a los terratenientes locales y las comunidades indígenas a mejorar sus ingresos y seguridad alimentaria, salvaguardar plantas y animales exóticos y almacenar carbono, responsable del calentamiento del planeta. ¿Cómo? Pagándoles para plantar y mantener millones de árboles en áreas deterioradas o en riesgo.
Pagarle a las personas para que cultiven árboles y protejan los bosques suena simple, pero el programa PROBOSQUE del gobierno guatemalteco es una forma sofisticada de recompensar a los agricultores y comunidades forestales por los valiosos servicios ecosistémicos, como agua limpia y suelos saludables, que sustentan la economía y los medios de vida rurales del país.
Vásquez y sus colegas, responsables de la formulación de políticas, saben que la pobreza puede impedir que los propietarios de tierras rurales elijan prácticas del uso de la tierra que beneficien al medio ambiente. PROBOSQUE les ha dado un empujón al pagar 2.45 dólares por árbol para reforestar la tierra y 1.92 dólares por árbol cultivado en la orilla y dentro de sus fincas en sistemas agroforestales. También incentiva a los agricultores a proteger los árboles restantes en sus tierras: por cada hectárea de bosque conservada, el gobierno paga alrededor de 900 dólares.
"Los incentivos de PROBOSQUE van más allá de las hectáreas restauradas en todo el paisaje. También tienen que ver con el desarrollo y la recuperación económicas y contribuyen directamente a mejorar los medios de vida de la población rural de Guatemala." — Mártir Gabriel Vásquez Us, subgerente del Instituto Nacional Forestal de Guatemala.
La política ha tenido un gran impacto en más del 3% del territorio de Guatemala: desde 1997, el gobierno informa que los propietarios de tierras han comenzado a restaurar más de 135 mil hectáreas, conservado 200 mil hectáreas y manejado de manera sostenible 4 mil hectáreas de bosque natural.
Latinoamérica cuenta con décadas de experiencia en incentivar a las personas a restaurar la tierra
Guatemala no es el único país que busca usar el poder de los recursos públicos para restaurar la tierra. En una reseña de política, WRI evaluó las políticas de seis países de América Latina (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú) que ayudan a los propietarios de tierras a proteger y restaurar árboles en todo el paisaje.
Para comprender mejor cómo funcionan estas políticas innovadoras, los autores del documento calcularon el pago total que recibe un propietario por cada árbol cultivado (o cada hectárea de bosque protegida) dentro de cada programa.
Este análisis práctico único en su tipo, permite a los responsables de la formulación de políticas comparar el costo total de cada programa entre países, el cual tiene un rango de 0.48 dólares a 2.45 dólares por árbol plantado para reforestar; de 0.70 dólares a 1.92 dólares por árbol en sistemas de agrosilvicultura, y de 44.00 dólares a 906.00 dólares por hectárea dedicada a la conservación.
Debido a que los programas realizan pagos constantes durante un período de cinco a diez años, estos incentivan a los propietarios de tierras a plantar y mantener sus árboles, y centran el gasto del gobierno en los años vulnerables de un árbol, durante la juventud. Cuando los árboles alcanzan la madurez suficiente para sobrevivir sin trabajo adicional por parte de los propietarios de tierras, se concluyen los pagos y los programas pueden redirigir los fondos para ayudar a más agricultores.
Hacia incentivos más sólidos para la restauración de tierras
El equipo de INAB sabía que su programa le ayudaba a la gente, pero también sabía que podía aprovechar de manera más eficiente y efectiva los valiosos y limitados ingresos del gobierno. Cuando WRI y la alianza regional de restauración Iniciativa 20x20 invitaron a Guatemala a unirse al Acelerador de Políticas de Restauración, un programa de aprendizaje entre pares para los formuladores de políticas que buscan construir incentivos públicos sólidos y equitativos para la restauración, el país aprovechó la oportunidad.
Desde 2020, el INAB ha aprendido de las experiencias de otros legisladores de Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú y comparte sus propios triunfos y desafíos. Al mismo tiempo, los asesores técnicos del Acelerador han brindado a la institución los conocimientos y perspectivas más actuales de la comunidad global de restauración, que van desde cómo construir programas más equitativos e inclusivos para los pueblos indígenas y las mujeres hasta cómo navegar mejor el complicado pero creciente mercado global de carbono.
Tras estudiar el funcionamiento interno de docenas de políticas y reunirse con sus creadores e implementadores, WRI identificó siete recomendaciones que pueden ayudar a los líderes gubernamentales de todo el mundo a diseñar incentivos públicos más sólidos y equitativos para la restauración.
1) Priorizar las áreas que podrían maximizar los beneficios de la restauración
Para maximizar el impacto, los formuladores de políticas deben priorizar las técnicas de restauración que generen los mayores beneficios para el desarrollo rural, la biodiversidad, el clima y una gran variedad de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los incentivos que incentivan a los propietarios de tierras a cultivar árboles nativos junto con sus cultivos comerciales pueden aumentar la biodiversidad, secuestrar carbono y generar mayores ingresos, lo cual asegura que los árboles permanezcan en el suelo a largo plazo. Es importante tener en cuenta que cada decisión sobre cómo usar la tierra prioriza algunos beneficios sobre otros. Si bien adoptar la agrosilvicultura puede ser una buena decisión para un productor de cacao que busca aumentar sus rendimientos, no ayudará a un productor de maíz o frijol cuyos cultivos no toleran la sombra.
2) Mejorar el seguimiento y la transparencia
Actualmente, la única información que la mayoría de los gobiernos reportan públicamente es el número de hectáreas inscritas en cada programa, pero eso dice poco sobre el impacto ecológico y económico. Los sistemas que monitorean el progreso de manera independiente y precisa, y que combinan los mejores datos satelitales de alta calidad y bajo costo con información recopilada en el campo, pueden mostrar a los tomadores de decisiones públicos y de alto nivel que el costo inicial de invertir en restauración vale la pena. Los encargados de formular políticas pueden usar esos datos para resaltar áreas de mejora y aumentar la visibilidad de sus programas a nivel internacional.
3) Crear valor económico para la sostenibilidad a largo plazo
La restauración no funcionará a menos que siga redituando a los propietarios de tierras mucho después de que el último pago emitido por el banco. La creación de cadenas de valor sostenibles y rentables para productos que se cultivan en tierras recientemente restauradas, como el cacao y las frutas nativas, puede proporcionar otra fuente de ingresos para los agricultores. A medida que más países comienzan a aprovechar el mercado global de carbono, los gobiernos pueden proporcionar ingresos adicionales a los agricultores, especialmente cuando los árboles son jóvenes y no pueden producir frutas u otros productos.
Estas cadenas de valor sostenibles pueden proteger los ecosistemas naturales que los incentivos públicos están reconstruyendo, incluso si los programas de incentivos caducan o se agotan. Esto también es importante para los inversionistas privados: si sus proyectos pueden aprovechar los incentivos públicos para cubrir algunos de sus costos iniciales, la restauración se vuelve menos riesgosa y una oportunidad económica más atractiva.
4) Facilitar el acceso de los propietarios de tierras al programa de pagos
Los propietarios de tierras necesitan un fácil acceso a los programas de incentivos. Al eliminar la burocracia y los onerosos requisitos de elegibilidad para los pagos, los gobiernos pueden llegar a más personas y ayudarlas a restaurar más tierras. Los responsables de la formulación de políticas deben comunicar sus programas de manera amplia y consistente, con un enfoque especial en llegar a las mujeres y las comunidades indígenas que los programas anteriores han eludido.
5) Enfatizar la importancia de los árboles nativos en la restauración
Los programas de incentivos gubernamentales deberían recompensar a los propietarios de tierras que utilizan una combinación de especies de árboles nativos en la restauración para maximizar la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la resiliencia climática a largo plazo. Deben combinar las herramientas e investigaciones más novedosas con el conocimiento local para ayudar a los propietarios de tierras a cultivar las especies correctas en los lugares correctos. Asimismo, deberían aprovechar sus brazos internos de investigación y desarrollo para ayudar a que los árboles nativos crezcan mejor y más rápido, haciéndolos más competitivos frente a los árboles exóticos de rápido crecimiento y alto valor que prefieren muchos agricultores.
6) Vincular los programas a leyes e instituciones sólidas
Muchos programas nacionales, como Sembrando Vida en México, se crearon originalmente a través de órdenes ejecutivas de la oficina del Jefe de Estado. Esto significa que, si el defensor de un programa deja el cargo, no hay garantía de que continúe más allá de la administración actual. Los responsables de la formulación de políticas deben trabajar con los legisladores para consagrar programas de impacto en las leyes nacionales o locales para garantizar la sostenibilidad de un programa.
7) Alinear los sectores agrícola, forestal y financiero
Los gobiernos a menudo tienen docenas de incentivos públicos que apoyan a la agricultura, la silvicultura y la biodiversidad. Cuando las políticas entran en conflicto, pueden cancelar los efectos unas de las otras. Por ejemplo, un programa que paga a los agricultores para expandir la producción de cacao, sin ninguna garantía, podría alentar a los terratenientes a talar bosques naturales para expandir el área de tierra que están cultivando. Ese objetivo podría contradecir directamente el compromiso climático de un gobierno para terminar con la deforestación y restaurar los bosques naturales. Las secretarías nacionales de finanzas, agricultura, planificación, desarrollo económico y medio ambiente deben trabajar juntas para armonizar sus políticas públicas y crear programas que ayuden a producir cultivos y productos básicos de manera sostenible.
Realizar pequeños ajustes a las políticas de restauración de tierras resulta en grandes retornos
Hemos destacado estas recomendaciones generales para los responsables de la formulación de políticas, pero ¿cómo funciona en la práctica el complicado proceso de implementar estas reformas?
En 2020, el INAB quería ampliar el número de propietarios de tierras guatemaltecos que tenían acceso a los pagos de PROBOSQUE, pero no sabían cómo. Al trabajar con WRI, Vásquez y el equipo identificaron que su sistema de monitoreo actual era una carga. Para verificar que el incentivo público resultaba en una mejora en la cobertura arbórea, el personal del INAB tuvo que visitar comunidades remotas y evaluar personalmente el progreso de cada propietario. Debido a que las visitas al sitio consumen tiempo valioso, el personal sólo pudo llegar a 10 mil nuevos beneficiarios por año.
Al adoptar las técnicas de monitoreo satelital más modernas, que muestran dónde se encuentran los árboles dentro y fuera de los frondosos bosques a muy alta resolución, podrían reducir la cantidad de visitas de campo que el personal del INAB tendría que hacer cada año. Eso liberaría el tiempo limitado del personal para invitar a nuevos propietarios a unirse al programa y restaurar 10 mil hectáreas más por año, según nuestras estimaciones.
Estas lecciones de Guatemala y otros lugares de América Latina tienen mucho que enseñarle al mundo a medida que se acelera la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas: los subsidios públicos pueden ayudar a reducir la enorme brecha de restauración y recompensar a los propietarios de tierras por su papel como administradores de ecosistemas. Al demostrar que pagar por la restauración puede generar resultados ambientales positivos, los gobiernos pueden convencer a los inversionistas privados de que cada dólar gastado puede tener un impacto enorme en las personas y el planeta.
Y más importante aún, estos ejemplos muestran que el complicado proceso de reforma de políticas no es imposible, y que más personas pueden ver cambios en su vida y beneficiarse del trabajo de restauración de paisajes cuando los responsables de la formulación de políticas trabajan en conjunto para encontrar soluciones.
El Acelerador de Políticas de Restauración se está expandiendo por África e India. Recibe las últimas actualizaciones directamente en tu bandeja de entrada registrándote aquí.